Buscar
La expansión de la infraestructura en América Latina se perfila como uno de los motores clave para impulsar la diversificación económica, social y regional. Los recursos asignados, los mecanismos de financiamiento innovadores y la adopción de criterios de sostenibilidad están trazando nuevas rutas que permiten a los países emerger de paradigmas tradicionales y generar oportunidades amplias.
En este artículo analizaremos cómo las carteras de proyectos en países como Perú, Paraguay y México están promoviendo cambios estructurales, cuáles son sus impactos socioeconómicos y qué desafíos y recomendaciones pueden guiar políticas públicas efectivas.
La cartera de Perú entre 2025 y julio de 2026 contempla 40 proyectos de infraestructura entre 2025 con un valor agregado que roza los US$ 9,960 millones. Solo en 2025, la agencia PROINVERSIÓN tiene previsto adjudicar 34 proyectos por US$ 8,600 millones, destinados a mejorar la conectividad, los servicios de salud, la educación y el acceso al saneamiento.
Estos proyectos se dispersan en 21 regiones y beneficiando directamente a más de 15 millones de habitantes, lo que refleja un enfoque descentralizado. Los sectores clave incluyen:
En México, la inversión física para 2025 está estimada en 836,600 millones de pesos (equivalente al 2.3% del PIB), con grandes apuestas como el Tren Maya (40,000 mmdp) y el Tren México-Querétaro (30,000 mmdp). Esta focalización demuestra una diversificación local y regional sin precedentes y el potenciamiento de corredores turísticos y productivos.
Los modelos tradicionales de gasto público comparten espacio con alternativas que involucran al sector privado y a la sociedad civil. El esquema Obras por Impuestos (OxI) en Perú ha financiado 710 proyectos desde 2009 mediante aportes de empresas al fisco, OxI financió 710 proyectos desde 2009 por S/ 12,839 millones, beneficiando a 22 millones de peruanos.
Para 2025, se proyecta adjudicar más de S/ 4,000 millones bajo este mecanismo, lo que mejora la eficiencia y la ejecución acelerada de obras que normalmente requerirían licitaciones complejas. En Paraguay, el recurso clave proviene de bonos soberanos: en 2024 se captaron USD 1,500 millones a una tasa del 3.85%, cubriendo el 70% de la cartera de proyectos.
La construcción de infraestructura tiene un efecto multiplicador en la economía. Se estima que las MIPYMES aportan el 70% de los empleos en el sector construcción y el 62% en servicios asociados. El impulso a la demanda de materiales y mano de obra local favorece el desarrollo de cadenas de valor y promueve la inclusión de zonas rurales.
Adicionalmente, la mejora en la conectividad reduce costos logísticos hasta un 20% en rutas clave, la reducción de costos de transporte estratégico fortalece la competitividad de las exportaciones y atrae nueva Inversión Extranjera Directa (IED). En Paraguay, se proyectan USD 6,800 millones entre 2025 y 2028 en sectores como celulosa, fertilizantes verdes y energía, gracias al entorno de infraestructura mejorado.
La crisis hídrica de 2025 ha llevado a ampliar inversiones en sistemas de riego avanzados y energía solar. En Paraguay, se destinarán USD 200 millones en un plan quinquenal de riego que optimizará el uso del agua y reforzará la resiliencia agrícola.
De igual manera, la diversificación de la matriz energética con plantas solares reduce la dependencia de la generación hidroeléctrica y mitiga los riesgos de sequías prolongadas. Esta apuesta por energías limpias es una pieza clave para asegurar una matriz energética más confiable y sostenible.
Aunque la magnitud de las inversiones es significativa, subsisten desafíos relacionados con la gestión fiscal y la deuda pública. El déficit fiscal y los riesgos climáticos exigen mecanismos de supervisión y transparencia rigurosos.
La planificación estratégica debe considerar un mapeo exhaustivo de las necesidades regionales para equilibrar el crecimiento económico con la equidad social. La garantía de procesos licitatorios claros y la participación activa de las comunidades son fundamentales para evitar conflictos y maximizar el impacto social.
Los proyectos de infraestructura en Perú, Paraguay y México están abriendo caminos reales hacia la diversificación económica y social. Los mecanismos innovadores de financiamiento, combinados con una visión sostenible, están generando empleo, promoviendo la competitividad y fortaleciendo la resiliencia ante cambios climáticos.
Para capitalizar estas alternativas, es crucial avanzar en institucionalidad, transparencia y planificación estratégica que garantice que los beneficios lleguen a todos los rincones del territorio. Solo así la región podrá consolidar una infraestructura que no solo construya carreteras y puentes, sino también oportunidades sólidas de desarrollo.
Referencias
