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En 2025, la industria fintech en Latinoamérica enfrenta un punto de inflexión. Las autoridades ajustan normas y las startups reconfiguran estrategias, creando un nuevo terreno de juego.
El entorno regulatorio global se fortalece con estándares internacionales de protección. La Ley de Secreto Bancario y el RGPD lideran las exigencias, mientras crece la adopción de un enfoque basado en riesgos (RBA) que optimiza recursos para clientes y productos de alto riesgo.
Este modelo RBA impulsa a las fintech a priorizar esfuerzos donde existe mayor exposición al lavado de dinero o a fraudes tecnológicos. Al mismo tiempo, las soluciones de RegTech ganan terreno, ofreciendo automatización de procedimientos de cumplimiento y adaptabilidad a normativas regionales variadas.
En cada país, los reguladores implementan medidas específicas que redefinen el negocio fintech.
En Argentina, el BCRA eliminó el DEBIN recurrente y ajustó requisitos patrimoniales para Proveedores de Servicios de Pago (PSP), generando altas barreras de entrada y obligando a las fintech a replantear sus portafolios.
Chile refuerza sistemas de pago con controles biométricos y encriptación avanzada, priorizando la seguridad de datos personales y reduciendo vulnerabilidades ante ataques.
Perú, en contraste, ofrece licencias experimentales para neobancos y plataformas de crédito alternativo, promoviendo un ecosistema más diverso y sostenible.
El debate entre rigidez y flexibilidad es central. En eventos como Fintech México 2025, se destaca que una regulación excesiva puede ahogar el crecimiento de startups, mientras que un marco laxo genera riesgos sistémicos.
La adopción de tecnologías emergentes —inteligencia artificial, seguridad en la nube e hiperpersonalización— plantea nuevos desafíos. Los reguladores deben diseñar normas lo suficientemente dinámicas para no frenar la transformación digital del sector sin sacrificar la transparencia y la protección al consumidor.
Asimismo, la colaboración estrecha entre bancos, fintech y autoridades regulatorias resulta crucial para compartir información y definir estándares conjuntos de cumplimiento y seguridad.
Estas estrategias no solo garantizan el cumplimiento, sino que también ofrecen ventajas competitivas al demostrar operaciones seguras y confiables a inversores y usuarios finales.
Para los fondos de inversión y los actores institucionales, las regulaciones fortalecidas implican un análisis más riguroso de due diligence y un horizonte de inversión a mediano plazo.
En este contexto, los inversores deben equilibrar el apetito por la innovación con la evaluación de contingencias regulatorias, favoreciendo carteras diversificadas geográficamente.
El año 2025 marca un antes y un después para la industria fintech en Latinoamérica. La convergencia de estándares internacionales, el enfoque basado en riesgos y el auge de RegTech generan un entorno más seguro, pero también más complejo.
Los casos de Argentina, Chile y Perú ilustran tanto desafíos como oportunidades: desde la necesidad de ajustar estructuras de costos hasta la posibilidad de expansión a nuevos mercados y servicios. La clave radica en lograr un equilibrio que promueva la innovación sin sacrificar la protección de consumidores e inversores.
Al final, las fintech que adopten una cultura de cumplimiento proactiva, inviertan en tecnología y colaboren con reguladores estarán mejor posicionadas para liderar la transformación financiera de la región.
Referencias
